Vamos por el séptimo “Ni Una Menos” y sentimos que seguimos reclamando lo mismo una y otra vez. Nuestros pedidos no cambian, si bien ha habido algunas mejoras, no son sustanciales.
Las mujeres que padecen violencia de género siguen con los mismos problemas a la hora de ir a hacer las denuncias y al momento de pedir soluciones a nivel judicial. Todo es tan engorroso que las víctimas terminan desistiendo y volviendo con sus agresores con el terrible peligro al que se las expone y las consecuencias que ya conocemos
Las familias que transitan por la pérdida de una mujer en manos de un femicida cargan no solo con el dolor y la ausencia perpetua, sino con la difícil tarea de conseguir justicia y en la mayoría de los casos sin patrocinio porque no podemos pagar los honorarios de un abogado penalista y conseguir uno gratuito, mas allá que la ley 26.485 lo dictamina así, es una tarea titánica casi imposible.
A esto le sumamos los casos de “suicidios” que se caratulan como averiguación de causal de muerte y terminan cerrando las causas con esa carátula sin escuchar a la familia de la víctima y su entorno que cuentan una historia de padecimientos violentos, de irregularidades a la hora de ser notificados, pérdida de pruebas, limpieza de la escena del crimen etc…que pareciera que no son de importancia al momento de realizar la investigación por parte de las fiscalías; sin tener en cuenta además los casos en que el presunto femicida es el hijo/conocido de alguna persona con cierto poder. Necesitamos más “visión de género” en los funcionarios del poder judicial para que puedan encarar las investigaciones como corresponde en el caso de femicidios (fiscalías especializadas).
Seguimos reclamando por el cambio en la reglamentación de la Ley 27.452 o “Ley Brisa”, que consiste en la reparación económica para los huérfanos de violencia intrafamiliar hasta los 21 años o de por vida si tienen alguna discapacidad. Esta ley fue reglamentada en julio del 2018, e incluye no solo un beneficio económico que hoy reciben aproximadamente solo un 7% de los huérfanos sino la asistencia médica a los mismos. La que reciben es la que se le da a cualquier ciudadano en un hospital y la asistencia psicológica es casi nula.
El contenido de la ley, además presenta contradicciones en su letra que hacen que se dilaten los tiempos para que se implemente en cada caso y en algunas situaciones hasta se les niega el derecho (casos en los que no hay imputado, casos en los que se deja afuera a los niños que no son hijos biológicos del femicida, contradicciones en la documentación judicial que se solicita). Y un capítulo aparte merecen los trámites previos como guardas y tutelas que deben ser agilizados para que las familias reciban la ayuda con rapidez.
Nuestra conclusión es que a 7 años del primer Ni Una Menos los reclamos siguen siendo prácticamente los mismos.
